Sistema de Gestión Integrado (SGI)

La Empresa de Energía de Bogotá y el Grupo de Energía de Bogotá han adoptado un Sistema de Gestión Integrado – SGI fundamentado en los lineamiento de las normas técnicas ISO 9001, GP 1000, ISO 14001, OHSAS 18001, e ISO 50001 como una decisión estratégica para mejorar continuamente su desempeño y proporcionar una base sólida para fundamentar el desarrollo sostenible de la Empresa y del Grupo, satisfaciendo las necesidades de sus grupos de interés.

Esta decisión estratégica implica la definición y gestión sistemática de los procesos y sus interacciones, la mejora del desempeño ambiental, de la seguridad y salud en el trabajo, la mejora continua del desempeño de energía, del relacionamiento con comunidades y otros grupos de interés, identificando y controlando sus riesgos y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

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Certificaciones SGI - Línea de tiempo

  • Certificaciones al Sistema de Gestión Integrado

    Alcance de los sistemas de gestión

    • Negocio de transmisión de energía eléctrica: diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de transmisión de energía eléctrica.
    • El sistema de gestión de la Energía certificado, tiene alcance sobre los procesos administrativos del negocio de transmisión de energía eléctrica: diseño, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de transmisión de energía eléctrica.
    • Negocio de portafolio accionario: identificación, evaluación, consolidación y seguimiento de inversiones del sector energético.
  • Mapa de procesos

    La Empresa Energía de Bogotá, cuenta con un sistema de gestión integrado basado en  procesos, representados con sus interacciones y secuencia en el mapa de procesos.

    El mapa de procesos y la información derivada del mismo obedece a la organización e interacción de los procesos estratégicos de la Empresa, como tal, dentro de cada uno de los procesos se encuentra descrito el objeto y el alcance de cada proceso así como las actividades estratégicas internas involucradas, que como herramienta apalanca el cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo de la Empresa, por lo que quienes acceden a esta información es el personal que labora directamente con la Empresa y se encuentran separados por roles y privilegios en función del carácter estratégico allí contenido. 

    Además, es de indicarse que del referido mapa de proceso se desprenden las orientaciones que subyacen la estrategia comercial que desarrolla la Empresa, por lo que en caso de ser público tal información se podría afectar la estrategia de negocio trazada por la Empresa en un mercado en competencia bajo las previsiones contenidas en la Ley 142 de 1994 y, por ende, le podría generar un daño sustancial a la misma.  

    En ese sentido, se considera que la información relacionada con el mapa de procesos de la Empresa así como de las actividades estratégicas involucradas en los mismos, es considerada como clasificada o reservada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 literal c) de la ley 1712 de 2014 que indica lo siguiente:

    “Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas.  Es toda aquella información pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso pudiere causar un daño a los siguientes derechos:

    (…)

    c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales, así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77 de la ley 1474 de 2011”.

    Adicionalmente, las consideraciones expuestas tienen como soporte lo indicado por la H. Corte Constitucional, mediante sentencia C-274 de 2013, al señalar que 

    “Uno de los límites admisibles al derecho de acceso a la información pública proviene de la necesidad de protección de otros derechos fundamentales que puedan ser afectados por el acceso y difusión de tal información. Tal es el caso de los datos personales que solo pertenecen a su titular y cuya divulgación podría afectar un derecho legítimo de este último como el derecho a la intimidad, o de los secretos comerciales, industriales y profesionales, cuyo acceso pueda afectar el ejercicio de las libertades económicas. También se ha autorizado restringir el acceso a la información pública cuando su divulgación o acceso pueda poner en peligro la vida, la integridad o la seguridad de las personas. El artículo 18 bajo examen se refiere puntualmente a estas restricciones.

    Dado que la posibilidad de que un sujeto obligado pueda mantener la reserva sobre información particular, es excepcional y debe ser interpretada de manera estricta, la jurisprudencia ha señalado que es preciso acreditar que esa reserva obedece a un fin constitucionalmente legítimo, importante y hasta imperioso, y que la restricción es razonable y proporcionada. Estos criterios deberán ser empleados por el sujeto obligado para expresar los motivos de la restricción”.

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