- La tercera edición de esta jornada convirtió a la capital del Valle del Cauca en epicentro del debate nacional sobre cómo los servicios públicos domiciliarios, en especial la energía, son clave para garantizar derechos humanos, enfrentar desafíos regulatorios y avanzar hacia un desarrollo más justo y sostenible.
- En el Valle del Cauca, el GEB, a través de su filial Enlaza, desarrolla el proyecto Refuerzo Suroccidental, clave para garantizar el suministro confiable y seguro de energía eléctrica al departamento, donde la demanda crece sostenidamente al tiempo que la región no es autosuficiente en la generación del recurso.
Cali, 27 de agosto de 2025. El Grupo Energía Bogotá (GEB), con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, concluyó la Tercera Jornada Académica sobre Servicios Públicos y Derechos Humanos, un espacio de reflexión y análisis que reunió a juristas, académicos y representantes del sector energético para debatir los desafíos sociales, ambientales y regulatorios de los servicios públicos domiciliarios en Colombia.
El encuentro, realizado en la ciudad de Cali, se consolida como un referente nacional para comprender cómo el acceso a servicios esenciales, en particular la energía, se conecta con la garantía de los derechos fundamentales y con la construcción de un país más justo y sostenible. En el Valle del Cauca el GEB construye el proyecto de transmisión de energía eléctrica Refuerzo Suroccidental, clave para garantizar el suministro confiable del recurso.
“Si hoy nos faltara la energía regresaríamos a una etapa con mayor dificultad a cuando no la teníamos, volveríamos más atrás de la edad media, porque no estamos preparados. Solo imaginen si un celular no volviera a encender, todo lo que se perdería. De ahí la importancia de la energía y de los sistemas de transmisión robustos, fuertes y confiables, para garantizar que todos tengamos este servicio público y poder atender todas nuestras necesidades”, expresó Rodrigo Hernández, gerente regional de Enlaza, filial de transmisión del GEB.
Retos y perspectivas para el sector energético
Durante las conferencias magistrales y paneles de discusión, se abordaron temas clave como la necesidad de un enfoque de derechos humanos en la prestación de servicios públicos, los impactos de las tarifas en la equidad social, la libre competencia en el sector, los retos constitucionales del Acuerdo de Escazú y la urgencia de fortalecer la seguridad energética del país.
“El acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental existe en Colombia desde mucho antes de que se hablara del Acuerdo de Escazú, por lo que este no es que traiga nuevos derechos o garantías. Claramente, estos han tenido problemas para hacerse efectivos y en esa medida el desarrollo que se espera del Acuerdo de Escazú debe ser entendido como una oportunidad para que sea más efectivo el acceso a estos derechos”, dijo Mauricio Rueda, abogado y docente de la Universidad El Rosario.
Sobre el debate de las tarifas de energía, hoy un tema de agenda pública nacional, Jaime Orjuela, director del Regulación del GEB, expuso que en Colombia “es una realidad que hay gente de bajos ingresos que paga contribución y gente que vive en estratos 1, 2 y 3, que tiene muchos ingresos y recibe subsidio".
"En todas las regiones hay problemas de esa naturaleza, pero en el Caribe colombiano más de la mitad de la población es de altos ingresos y está clasificada como estrato 2, lo que significa que los colombianos estamos pagando, a través de nuestros impuestos, subsidios a muchas personas que no deberían recibirlos", añadió Orjuela, asegurando que es una problemática que debe abordarse al hablar de facturas y tarifas.
Los panelistas coincidieron en que la energía no es solo un insumo técnico, sino una condición básica para la vida digna y la competitividad del país. Por ello, garantizar su acceso y calidad exige coordinación entre la justicia, el Estado, la empresa privada y la sociedad civil.
“Uno de los debates más interesantes que ha tenido la Corte Constitucional es sobre las consultas previas, ese es un derecho fundamental, pero no hay derechos constitucionales absolutos, por lo que nadie tiene derecho a tener su propio derecho sin pensar en los de los demás. Lo que hace la Corte en sus decisiones es ponderar ese derecho con otros derechos importantes, como el derecho a la seguridad energética y a la prestación eficiente de servicios públicos, señalando que no pueden ser absolutos los derechos de consulta previa si de por medio estoy demorando un proyecto que le conviene a la comunidad”, finalizó Alejandro Linares, abogado y expresidente de la Corte Constitucional.
Compromiso del Grupo Energía Bogotá
El Grupo Energía Bogotá reiteró que su misión trasciende la operación de infraestructura energética y está profundamente ligada al desarrollo sostenible, la equidad social y el respeto por el ambiente. La empresa destacó que espacios académicos como este fortalecen el diálogo entre actores clave y permiten avanzar en soluciones conjuntas que respondan a los retos energéticos del país.
“El GEB desarrolla estas jornadas como parte de su interés por divulgar y llevar a las regiones, a través de la visión de expertos, los temas asociados con los servicios públicos, los desarrollos que viene haciendo la Corte Constitucional en la materia, los temas vinculados con las tarifas, los derechos de los usuarios y las necesidades del sector energético en general”, explicó Néstor Fagua, vicepresidente Jurídico del Grupo Energía Bogotá.
Una agenda que conecta con la coyuntura nacional
La Jornada Académica, que ya ha recorrido Bogotá, La Guajira y ahora Cali, se consolida como un escenario itinerante de diálogo que pone en el centro la relación entre servicios públicos y derechos humanos. Su pertinencia quedó reflejada en el debate nacional, marcado por la reciente decisión del Consejo de Estado de admitir una acción de tutela por el derecho a la energía, interpuesta contra el Gobierno y varias entidades del sector.
El proceso judicial, que busca el amparo de derechos fundamentales frente a las fallas estructurales del sistema eléctrico, es una muestra de que el acceso a la energía no solo es un reto técnico y regulatorio, sino también un desafío constitucional y social.
Esta coyuntura refuerza la relevancia de iniciativas como la Jornada Académica, donde la academia, la justicia y las empresas aportan a la construcción de soluciones sostenibles para millones de colombianos.