- La Jornada Académica organizada por el Grupo Energía Bogotá (GEB) con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura reunió a expertos para debatir cómo articular derechos humanos, infraestructura y corresponsabilidad entre Estado, empresas y comunidades, con el fin de construir servicios públicos domiciliarios más justos y sostenibles en Colombia.
Bogotá, 28 de mayo de 2025. Garantizar los derechos humanos desde la prestación de servicios públicos domiciliarios es en la actualidad uno de los mayores desafíos de Colombia, especialmente en sectores estratégicos como la energía y el gas.
Así lo destacaron expertos del sector jurídico, empresarial y académico durante la primera Jornada Académica de Servicios Públicos y Derechos Humanos, realizada en la Universidad Externado de Colombia por el Grupo Energía Bogotá (GEB) con el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura.
“El gran reto está en ejecutar efectivamente los proyectos, con los más altos estándares técnicos y de legalidad, pero también con un profundo respeto por los derechos de las comunidades. Como empresa, tenemos la responsabilidad de asegurar una prestación continua, segura y con sentido humano, que contribuya al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible”, afirmó Néstor Fagua, vicepresidente jurídico del Grupo Energía Bogotá, al destacar el rol de las empresas como agentes esenciales del desarrollo social.
“Estamos avanzando en entender el derecho a la energía no solo como acceso a un servicio, sino como un componente esencial para el ejercicio de otros derechos. Esto implica retos para el Estado, pero también para los prestadores del servicio, en su capacidad de ejecución con responsabilidad social”, añadió Fagua.
La infraestructura y las comunidades
Desde una perspectiva académica, el abogado, consultor y académico, Diego González Medina destacó que “Colombia tiene grandes retos en esta materia, que incluyen la garantía de seguridad jurídica y física, la financiación de los proyectos, y una colaboración institucional efectiva entre los distintos actores del ecosistema de los servicios públicos”.
En ese sentido, González señaló que la protección de los derechos humanos en la ejecución de proyectos en materia de infraestructura energética pasa por cuatro claves: evitar procesos arbitrales injustos, garantizar la participación de las comunidades, asegurar condiciones físicas y normativas adecuadas, y contar con esquemas de financiación que permitan llevar, por ejemplo, energía y gas a todos los rincones del país.
El Estado como garante y aliado
Carlos Bernal Pulido, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, invitó a mirar la relación entre el Estado, las empresas de servicios públicos domiciliarios y los ciudadanos desde una lógica de corresponsabilidad.
“Las empresas no pueden ser vistas como enemigas del interés público. Son aliadas en el cumplimiento de un mandato constitucional. Por eso, se necesita una infraestructura institucional fuerte y una regulación independiente, que promueva la inversión, garantice la libre competencia y asegure la sostenibilidad del sistema”, afirmó.
Un diálogo necesario
La jornada evidenció que avanzar hacia un modelo de servicios públicos domiciliarios que respete los derechos humanos requiere más que reformas normativas: implica una transformación cultural, institucional y operativa. Y en esa tarea, la articulación entre la academia, las empresas y el Estado es necesario.
Este espacio, abrió un ciclo de encuentros que continuará en Cali y Riohacha, con el propósito de tender puentes entre la academia, las empresas y las instituciones del Estado sobre la relación entre el marco constitucional, la jurisprudencia y la prestación de servicios públicos con enfoque de derechos humanos.