• El Consejo de Estado admitió acción de tutela presentada por 11 personas contra el presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Bogotá, 18 de julio de 2025. Reclamando el derecho fundamental que tiene cada ciudadano de acceder a la energía y a la garantía que debe significar este servicio público para la dignidad humana y los derechos a la salud, educación, agua, alimentación, trabajo, transporte, vivienda, telecomunicaciones, entre otros, un grupo de ciudadanos colombianos interpuso una acción de tutela que acaba de ser admitida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo.
La acción, presentada por 11 personas que reclaman el amparo de diversos derechos fundamentales y declarar un estado de cosas inconstitucional ante la difícil situación que enfrenta el sistema energético en Colombia, fue interpuesta contra el presidente de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Argumentan los accionantes, entre los que se encuentran empresarios, empleados, periodistas, amas de casa, etc., que la falta de garantías para el acceso a la energía, ante un posible desabastecimiento, supone una amenaza contra la capacidad de trabajo para cada una de ellas, con las demás afectaciones que ello supondría en el desarrollo de su vida misma.
Empresas vinculadas
Garantizar los derechos humanos desde la prestación de servicios públicos domiciliarios es en la actualidad uno de los mayores desafíos de Colombia, especialmente en sectores estratégicos como la energía y el gas. Parte del reto, está en lograr ejecutar efectivamente todos los proyectos que dependen de la energía, no solo con los más altos estándares técnicos y de legalidad, sino con el respeto por los derechos de las comunidades.
Por esa razón, el Consejo de Estado también consideró vincular a la acción otras entidades del Estado, gremios y empresas del sector energético, entre ellas, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Departamento de Planeación Nacional, Acolgen, Afinia, la Anla, la ANH, Andesco, Andeg, Empresas Públicas de Medellín, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas en Zonas no Interconectadas (IPSE), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, XM, Enel Colombia, el Grupo Energía Bogotá, además de distintas electrificadoras, empresas de energía y la Asociación Colombiana de Gas Natural.